Biden promete una política migratoria más inclusiva, un giro tras la era Trump

El presidente de Estados Unidos Joe Biden acaba con la línea dura de su predecesor, Donald Trump, con tres decretos que prevén, entre otras cosas, agilizar la naturalización de migrantes, medida que podría beneficiar a nueve millones de personas. El encargado de gestionar este nuevo orden será un ciudadano de origen cubano, Alejandro Mayorkas, primer latino y primer migrante en ocupar el puesto de secretario de Seguridad Interior.

En la nueva política migratoria de Estados Unidos se pueden observar tres ejes: se elimina la regla de carga pública de Trump que denegaba la tarjeta de residencia permanente a los ciudadanos que recibían asistencia social; se reunirá con sus familias a los, al menos, 600 menores que fueron separados de sus padres; y se agilizará el proceso para convertirse en ciudadano estadounidense. De los nueve millones de migrantes que se calcula que pueden solicitar la nacionalidad, más de la mitad son latinos.

“Se estima que entre cinco y seis millones son latinos”, dice a RFI, el director político de la Coalición por los derechos de inmigrantes y refugiados de Illinois, Artemio Arreola. “Y de esos cinco o seis millones se calcula que entre 3% u 8% son de origen mexicano”.

Biden también solicitará que se revise la llamada “regla de carga pública” creada en agosto de 2019 por el gobierno de Trump para denegar la tarjeta de residencia permanente (“green card”), o la ciudadanía, a quienes reciben algún tipo de asistencia social.

“Al tener de una residencia permanente se puede tener la opción de la ciudadanía”, dice Arreola. “Hay gente que tiene la residencia permanente 20 o 30 años y nunca han optado por la ciudadanía, pero es probablemente que ahora lo hagan porque les da seguridad. Además, la residencia hay que renovarla cada 5 años y cada vez tienen que pagar. Y al ser ciudadano se puede votar. Trump le había quitado fondos al Departamento de Seguridad Interior (DHS) y los asignó a otras áreas, sobre todo en seguridad, como en la frontera con México y haciendo redadas. Al quitar personal del DHS la lista de espera se alargó. Si antes se tardaba entre 6 a 7 meses, ahora hay que esperar más de un año para obtener la naturalización”.

El cumplimiento de las nuevas normas estará supervisado, en gran parte, por el nuevo secretario del DHS, el cubano estadounidense Alejandro Mayorkas, que llegó de pequeño con sus padres a Estados Unidos. Es el primer latino en el cargo, y su nombramiento fue confirmado por el Senado el martes 2 de febrero por una escasa mayoría de senadores (56-43).

Mayorkas, de 61 años, fue el cubano-estadounidense de más alto rango en el gobierno de Barack Obama, del que Biden fue vicepresidente, como subsecretario del DHS entre 2013 y 2016.

Antes fue director de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos de 2009 a 2013.

Con Mayorkas vamos a ver más iniciativas de ley y procedimientos legales administrativos a favor de los inmigrantes. Esperemos que la llegada de Mayorkas a la cabeza de DHS cambie las políticas reales de endurecimiento, porque es un departamento que normalmente no es tan amigable con los inmigrantes”, dice Arreola.

El grupo de trabajo liderado por Mayorkas deberá identificar a padres e hijos separados por la política de “tolerancia cero” de Trump, instaurada entre 2017 y 2018.

Esto supuso la expulsión de los adultos que habían ingresado ilegalmente a Estados Unidos y la permanencia de los menores bajo custodia federal. Ante la indignación nacional e internacional generada, Trump desistió de aplicar la medida. Pero al menos 1.000 de estas familias podrían estar aún separadas, según la organización de derechos civiles.

El gobierno de Biden podría autorizar el regreso a Estados Unidos de los padres deportados o la emisión de tarjetas de residencia para quienes ya vivan en el país indocumentados. Se evaluará caso por caso, dijeron altos funcionarios.

Biden también prevé enfrentar la inestabilidad, la violencia y la inseguridad económica que impulsa la migración, con lo cual se propone colaborar con los gobiernos regionales para reforzar las capacidades de brindar protección y oportunidades a los migrantes.