Tras el caso de Matías Almeyda, Juntos por el Cambio le pedirá a Axel Kicillof que los municipios bonaerenses puedan comprar vacunas
El caso del del ex jugador del Club Atlético River Plate Matías Jesús Almeyda -quién contó que hacía 20 días había hablado “con un político importante de Argentina” para decirle que quería comprar 30 mil vacunas para el municipio de Azul, de donde es oriundo- abrió un frente no esperado para el gobierno de Axel Kicillof justo un día después de haber enviado a la Legislatura bonaerense un proyecto de ley donde se busca la autorización para que la provincia de Buenos Aires salga al mercado farmacéutico a comprar dosis con el objetivo de engrosar el stock disponible.
En La Plata tomaron distancia de la situación descripta por Almeyda, quien se encuentra dirigiendo al San José Earthquakes de la MLS en California. “No podemos opinar sobre la buena intención de Almeyda”, contestaron cerca del gobernador. También remarcaron que en las últimas declaraciones del jefe de Gabinete de Azul, Alejandro Vieyra, hay una intención de posicionamiento al interior del espacio opositor. El funcionario azuleño sostuvo que Almeyda “tiene las vacunas y no podemos dejar pasar esta oportunidad”.
En la administración de Kicillof sostienen que nadie se comunicó con ellos, que desconocen las procedencias de la supuestas dosis, que -de existir- deben ser aprobadas por la ANMAT y que es difícil que un laboratorio le venda a un privado cuando todavía no se han podido cerrar transacciones con estados subnacionales como son las provincias.
Pero la situación que relató el ex jugador de River replicó en otra negociación que el oficialismo bonaerense esperaba pasar sin mayores sobresaltos, como es el proyecto de ley que faculta al gobierno provincial a salir a comprar vacunas. El caso de Almeyda viró algunas agendas en la gobernación bonaerense.
Matías Almeyda junto a su padre. El fallecimiento de su padre por coronavirus lo puso en campaña para comprar vacunas y que sean aplicadas en el municipio de Azul
La iniciativa que el oficialismo busca aprobar este mismo jueves en la sesión de la Cámara de Diputados para luego convertirla en ley en el Senado iba a tener un amplío consenso. De hecho, la oposición avala la iniciativa, pero ahora en el Senado, donde JxC es mayoría, buscará darle alguna modificación para que se incluya a privados o municipios dentro de los agentes de compra para las dosis contra el coronavirus a través de la senadora -de Azul- Lucrecia Egger.
Es difícil que pase porque en el gobierno de la Provincia sostienen que la ley nacional 27.573 (Ley de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el Covid-19) no habilita a municipios a adquirir inoculaciones. En el artículo 6 de esa norma, cuando se habla de que las importaciones de vacunas estarán exentas “del pago de derechos de importación y de todo otro impuesto, gravamen, contribución, tasa o arancel aduanero o portuario, de cualquier naturaleza u origen, incluido el impuesto al valor agregado”, se especifica que “idéntico tratamiento recibirán las vacunas que eventualmente puedan adquirir las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. De esta forma, la ley nacional no da lugar a la gestión de intendencias o privados.
“Lo que está planteando la senadora no tiene sentido. Toda esta discusión es abstracta, más allá de la situación particular de Matías Almeyda”, expresó este miércoles en declaraciones a A24 el jefe de Gabinete del gobierno bonaerense, Carlos Bianco, quien también valoró la iniciativa del actual entrenador de fútbol y dijo que lo esperaba en La Plata para hablar sobre el tema.
El proyecto que Kicillof giró a la Legislatura era también una demanda de la oposición. Había algunas iniciativas similares que habían sido presentadas en la misma línea y por eso se descontaba el acompañamiento de Juntos por el Cambio.
El presidente del bloque de JxC en la Cámara de Diputados, Maximiliano Abad, junto a su compañero de bancada Matías Ranzini elevaron un proyecto “encomendándole -al Gobierno bonaerense- negociar y rubricar contratos con laboratorios nacionales y extranjeros para adquirir vacunas y acelerar el proceso de inmunización”. Sostienen que los estados provinciales no tienen imposibilitada la compra de vacunas contra el COVID-19: “Atento a la escasez de vacunas adquiridas por el Estado Nacional, resulta imperioso, impostergable e imprescindible que realice las gestiones comerciales necesarias. Por eso le encomendamos al gobierno celeridad con todos sin seguir ideologizando la adquisición de vacunas”.
Al acatar al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por Alberto Fernández, que extiende las restricciones manteniendo las escuelas del AMBA sin clases presenciales hasta el 21 de mayo, Kicillof había iniciado el camino de empoderar a sus ministros. En el artículo 8 de aquel decreto, el gobierno bonaerense instruía “a los Ministros Secretarios en los Departamentos de Salud y de Jefatura de Gabinete de Ministros, para iniciar negociaciones y celebrar los contratos necesarios para la adquisición de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra la COVID-19″. Mientras que en el siguiente artículo se facultaba a los funcionarios que establezcan las negociaciones a “incluir cláusulas o acuerdos de confidencialidad acordes al mercado internacional”. Ahora, Kicillof busca tener el aval de la Legislatura como escudo ante eventuales reclamos.