Para empresarios, la reforma del Ministerio Público afecta el clima de inversiones y negocios
“Pretender modificar las mayorías requeridas y los cambios en los tribunales de enjuiciamiento de fiscales federales representa un grave retroceso institucional, porque afecta seriamente la independencia y la autonomía del Ministerio Público establecida por la Constitución Nacional en su reforma de 1994”, señaló la cámara argentina-estadounidense. Por el contrario, enfatizaron, “mantener la actual mayoría extraordinaria, garantiza la búsqueda de acuerdos y el consenso entre los miembros del Congreso, eslabón fundacional de un republicanismo sólido y soberano”.
Los empresarios Miguel Blanco y Juan Manuel Vaquer, coordinadores del Foro de Convergencia, enviaron cartas a todos los diputados el viernes pasado para solicitar que rechacen la propuesta. “Una administración de justicia independiente y eficaz, como garantía de que los patrimonios y la libertad de individuos y empresas no serán víctimas de decisiones arbitrarias de poderes de turno, es condición imprescindible para que exista un flujo de inversiones que genere actividad económica, trabajo y riqueza. Sin ellas es impensable cualquier solución al gravísimo flagelo de pobreza que afecta al país”, señalaron.
Los empresarios cristianos consideraron que “una justicia independiente es la columna vertebral de un país democrático y republicano, deseoso de atraer inversiones que generen puestos de trabajo y prosperidad para las familias” y remarcaron que ven “con asombro cómo negociaciones entre bloques parlamentarios a espaldas de la sociedad parecen determinar la suerte de un proyecto de ley, que pone en entredicho la vigencia de las garantías de debido proceso y libertades fundantes de nuestra República”.
Las tres entidades reclamaron en sintonía que la Cámara de Diputados rechace el proyecto en defensa de la Constitución y del bien común y aseguraron que una reforma como la que se planteó puede afectar el clima de negocios en el país.
“Ante el acuciante desafío de disminuir la pobreza, reducir la inflación, generar empleo y no caer en un abismo sanitario, social y económico, nos cuesta comprender que hoy sea prioridad para nuestros representantes en el Congreso, el tratamiento de proyectos de ley que, no sólo están alejados de las necesidades de nuestra sociedad, si no que atentan contra las reglas democráticas básicas y la seguridad jurídica”, expresó la AmCham, que nuclea a 640 empresas que emplean directamente a 400.000 personas en 200 plantas industriales.
Desde el Foro de Convergencia señalaron que el avance del proyecto genera “consecuencias desfavorables para la actividad económica y potenciales proyectos de inversión”, que según estimaron, “serían sumamente gravosas y difíciles de revertir”.
En la ACDE indicaron que no es “hora de modificar la Justicia para acumular poder político” y subrayaron que por el contrario es “indispensable concentrar las energías del país en generar trabajo, gestionar de forma eficiente la emergencia sanitaria y controlar la inflación mediante medidas concretas, como las que ya funcionan en el resto del mundo”.
