Caso $LIBRA: elevan el informe final y se abre una jugada decisiva en la causa

La comisión investigadora eleva el informe con documentos, declaraciones y fechas de transferencias

La comisión que investiga el caso $LIBRA en el Congreso de la Nación presenta este martes a las 16 el informe elaborado a partir de la recolección de información: declaraciones de especialistas, fechas de transferencias e informes técnicos para ser elevado luego a la Cámara de Diputados, recinto que habilitó la investigación de todos los involucrados.

El informe señala las responsabilidades que pudieran emerger de la investigación, especialmente las de funcionarios públicos, sin que esto implique una condena judicial, ya que el Congreso no ejerce funciones judiciales por la división de poderes. Sin embargo, puede remitir una denuncia. Además, toda la información incorporada en la carpeta puede ser declarada parcial o totalmente secreta por la comisión si la mayoría de sus miembros así lo resuelve. 

El presidente de la comisión investigadora, el diputado de la Coalición Cívica ARI Maximiliano Ferraro, confirmó la elevación del informe este lunes por la noche en su cuenta personal de X. Allí, recordó cuál es fue la función de la entidad: “ejercer el poder de controlador político del Congreso sobre las acciones y omisiones del Poder Ejecutivo” y “determinar con rigor cuáles fueron las responsabilidades políticas que permitieron, facilitaron o no evitaron el desarrollo de este caso”.

“A pesar de todos los obstáculos, puedo dar fe de que vamos a presentar un informe final serio y contundente”, dijo, al tiempo en el que fue contundente al asegurar que, en pocos meses hicieron “más de lo que otros hicieron con mucho más tiempo y con menos resistencia”.

Dos personas fueron claves en la investigación. Por un lado, Martín Romeo, uno de los empresarios damnificados por la compra de la criptomoneda promocionada por el presidente Javier Milei. Él relató la forma en la que se desarrolló la operación y perdió todo su dinero en pocas horas. Por el otro lado, fue significativa la palabra del programador Maximiliano Flirtman, quien aseguró que la publicación que hizo Milei en X fue programada con antelación para engañar a los inversores. El Departamento de Justicia y el FBI recibieron al menos una denuncia criminal sobre la maniobra de $LIBRA y se estiman ganancias ilícitas calculadas entre USD 80 y USD 100 millones.

La comisión investigó al presidente Javier Milei, a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y al titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva. Ninguno se presentó a declarar en el Congreso. También fueron investigados los argentinos involucrados en la creación de la memecoin, Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli, quienes asistieron a una reunión en la Casa Rosada.

Qué puede pasar a partir de ahora

Luego de que el informe ingresa a la Cámara, se abren distintas posibilidades de acción:

El informe es puesto a consideración de la Cámara que aprobó la investigación, en este caso, de Diputados, para su debate. Allí, se pueden tomar medidas de carácter político o institucional basándose en las conclusiones. Por ejemplo:

Si las responsabilidades señaladas involucran a funcionarios pasibles de juicio político (Presidente, vicepresidente, jefes de Gabinete, ministros, miembros de la Corte Suprema, etc.), y la Cámara de Diputados actúa como cámara de origen en este proceso, el informe puede ser un antecedente clave para iniciar el mecanismo constitucional de acusación. 

Proyectos legislativos: tratar los proyectos de ley, resolución o declaración que la comisión haya propuesto para modificar el sistema jurídico o administrativo.

Sanciones políticas: la cámara puede adoptar resoluciones que expresen su censura, preocupación o recomendación a otros poderes del Estado.

Si la investigación revela indicios de la comisión de delitos por parte de los investigados (que es común en investigaciones sobre corrupción o malversación), el Congreso tiene la facultad (y el deber) de remitir los antecedentes y las pruebas reunidas al Poder Judicial para que este inicie o continúe las investigaciones penales correspondientes.

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