El Gobierno habilita la venta de chatarra al exterior, después de 16 años

El Gobierno decidió no renovar los decretos 1040/23 y 70/23 que prohibían la comercialización de residuos metálicos y no ferrosos al exterior, porque “prohibían un sinfín de negocios de reciclado para amplísimos sectores de la economía”.

La norma original fue lanzada en julio de 2009, durante la primera presidencia de Cristina Kirchner. En un primer momento, la medida iba a durar 180 días, pero se renovó en varios decretos a lo largo de los años: pasó por las firmas de la expresidenta, de Mauricio Macri y de Alberto Fernández.

Algunos de los metales más comunes en los desechos es el cobre, aluminio, titanio, estaño, latón y cinc. La medida que prohibía su venta al exterior argumentaba que la industria local utilizaba estos desechos como insumo para producir acero. Sin embargo, Argentina no tenía el abastecimiento de chatarra de esos metales.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fue el encargado de anunciar la nueva medida para el sector, a través de su cuenta personal de X. Allí, argumentó que la normativa “beneficiaba a los procesadores de chatarra, pero perjudicaba a quienes la producían, al tiempo que se perdían centenas de negocios de valorización de residuos”. Fundamentalmente, afectaba a “empresas más pequeñas de reciclado”.

Según dijo el funcionario, esta prohibición afectaba al precio local de los desechos y desincentivaba el reciclado, además de que “prohibía un sin fin de negocios” vinculados a esta área. En este sentido, Sturzenegger ejemplificó con los cables de cobre que son desechados por las telefónicas y que tienen un activo mercado para reciclado en el exterior y que no podían exportarse.

“En estos meses recibimos incontables mensajes de empresas cuyos negocios estaban vedadas por esta prohibición”, dijo el ministro.

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