Más de 1.000 negocios y 20.000 empleos del sector de educación ambiental, al borde de la destrucción
La pandemia mantiene aún el pulso de las restricciones y el efecto devastador sobre ciertos negocios, que al margen de los meses de apertura y desescalada tampoco han podido desempeñar su actividad y llevan ya 12 meses con el cierre echado. En este sentido, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha alertado este jueves de que más de 1.000 actividades económicas vinculadas a la educación ambiental están “al borde de la quiebra” por la crisis del coronavirus.
Granjas escuelas, aulas de naturaleza, aulas del mar, pequeñas empresas gestionando programas de Educación Ambiental en municipios, ciudades y espacios protegidos entre otros, que desarrollan su actividad económica principalmente de la afluencia de escolares desde infantil a secundaria, permanecen cerradas, con sus trabajadores en Erte, y con serias dificultades para mantener su actividad económica en pie, ha explicado la organización a través de un comunicado.
De acuerdo con los datos facilitados por UPTA, se trata de un sector que en el año 2019 recibió más de 5 millones de visitantes, con una facturación superior a los 300 millones de euros y aproximadamente son 20.000 puestos de trabajo directos los que generan estos autónomos, cooperativas y pequeñas empresas.
Estas entidades que llevan desde el pasado 10 de marzo de 2020 totalmente cerradas, soportan gastos fijos “inasumibles” si no tienen una permanente entrada de visitas, ya que las instalaciones tienen un alto coste a los que hay que sumar el mantenimiento de los animales y las huertas en el caso de las granjas escuela.
“Las ayudas directas deben asignarse en base alcriterio de perdida de facturación, los 11.000 millones de euros del plan de rescate del Gobierno deben destinarse, principalmente, a paliar los gastos fijos de cada uno de los negocios que se encuentran en una situación de pérdida total de facturación”, ha insistido.
La organización de autónomos UPTA reclama así que el fondo de 11.000 millones de euros para pymes y autónomos que prevé aprobar el Gobierno el próximo viernes “no quede en manos de la banca”, al tiempo que ha advertido de que éste sólo será efectivo si se reparte en función de la pérdida interanual de facturación.
“Las ayudas directas deben dirigirse fundamentalmente a sufragar los gastos corrientes de cada una de las actividades y no simplemente a establecer un programa de quitas bancarias que, sin duda, estarían más encaminadas a solventar las cuentas de las entidades de crédito que a resolver la falta de liquidez inmediata en la economía real de las personas trabajadoras autónomas y pequeñas empresas”, sostiene UPTA.
La organización recuerda que “miles de autónomos y pequeñas empresas” llevan sin facturar nada desde marzo de 2020, cuando estalló la pandemia, y cree que todos los esfuerzos deberían centrarse precisamente en ellos, para tratar de salvar la mayor parte de las actividades que están en estas circunstancias, entre las que se encuentran los centros de enseñanza no reglada, los fotógrafos, los sectores relacionados con eventos culturales y las atracciones de feria.
Para Abad, las ayudas no pueden enfocarse únicamente en aquellas empresas o autónomos que tengan una supuesta situación de viabilidad. “¿Quién decide la viabilidad empresarial? ¿En qué se fundamentan los análisis para determinar a quién se dan las ayudas directas? Y lo que es peor, ¿quién decide qué actividad está condenada al cierre?”, pregunta. Por ello, defiende que las ayudas deben distribuirse en función de la perdida de facturación, al considerar que éste “es el único dato real y concreto”.
