Prorrogan la emergencia energética y la adecuación de tarifas de luz y gas hasta 2025

Qué pasa con las tarifas e inversiones

Esas “circunstancias” tienen que ver no solo con que no finalizó el proceso de readecuación de tarifas y eliminación de los subsidios al sector para que las primeras cubran los costos de explotación, sino también con la necesidad de inversiones para mejorar las instalaciones de las áreas de transporte y distribución, así como de ampliación de la oferta en la de generación de gas y energía eléctrica.

Al respecto, el DNU menciona la vigencia del “Plan de Contingencia” para “evitar, reducir o mitigar” las condiciones desfavorables de abastecimiento de energía en los meses de verano, así como el propósito de modificar los criterios de segmentación tarifaria establecidos en junio de 2022 por el expresidente Alberto Fernández.

A días del vencimiento

La extensión de la emergencia se dictó ante la proximidad del plazo fijado en el decreto original (31 de diciembre de 2024) y también del fin del período ordinario de sesiones parlamentarias, circunstancia que hace “imposible seguir los trámites ordinarios para la sanción de las leyes”, indicó el Gobierno en los considerandos del DNU.

“Resulta de público conocimiento que el Gobierno Nacional ha recibido una herencia institucional, económica y social gravísima, por lo que es imprescindible adoptar medidas que permitan superar la situación de emergencia generada por las excepcionales condiciones económicas y sociales que la Nación padece, especialmente como consecuencia de un conjunto de decisiones intervencionistas adoptadas por pasadas administraciones”, indica el DNU en sus considerandos.

En el marco de esa herencia, el Gobierno asegura que verificó “la vulnerabilidad y el estado crítico” tanto en el sistema económico recaudatorio como en la funcionalidad de las instalaciones para asegurar el suministro actual y futuro y en la falta de señales de mercado para la oferta y la demanda.

Críticas a la segmentación de tarifas

El DNU es crítico con la segmentación tarifaria establecida en el decreto 332/2022, por no permitir “una adecuada focalización de los subsidios” sin “los cruces de información necesarios para asegurar que la ayuda llegara a quienes realmente la necesitan”.

De esa manera, aseguró el Gobierno, hubo una “dilapidación de los escasos recursos estatales” que provocó que “los usuarios hayan desconocido, por mucho tiempo, el costo real de los servicios públicos de energía, apartándose de los hábitos de consumo responsable y eficiente”.

“Indispensable y urgente”

El Gobierno consideró en el DNU que “a pesar de las medidas adoptadas por la Secretaría de Energía, persisten aún las circunstancias que motivaron el dictado del Decreto N° 55/23 relacionadas con la situación de emergencia que atraviesa el sector energético”.

Por tal razón, explicó, “resulta indispensable y urgente extender la declaración de emergencia hasta el 9 de julio de 2025, con el fin de permitir que los órganos competentes continúen adoptando las medidas necesarias para asegurar la continuidad en la prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y de gas natural”.

Esa extensión de la emergencia abarca también “la entrada en vigencia de los cuadros tarifarios resultante de los procesos de revisión tarifaria en curso”, así como “la intervención de los Entes Reguladores, con el fin de ordenar y unificar los tiempos, acciones y objetivos previstos en las disposiciones reseñadas”.

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